La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís, que anula un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual contratados fraudulentamente a nombre de una clienta de un banco conocido en Málaga. Esta decisión llega tras un sofisticado ataque cibernético que utilizó técnicas de «phishing» y «smishing», permitiendo a los ciberdelincuentes acceder a las credenciales bancarias de la víctima.
El problema surgió en abril de 2022, cuando la clienta, residente en Cangas de Onís, notó movimientos sospechosos en su cuenta tras recibir varias llamadas engañosas. Sin haber proporcionado sus datos bancarios, los delincuentes lograron vincular un teléfono móvil que permitió contratar un préstamo inmediato y una tarjeta prepago. Las claves necesarias fueron enviadas al dispositivo vinculado, facilitando así el acceso ilícito a los fondos de la víctima.
Íñigo Serrano, abogado del bufete Sello Legal Abogados y representante de la afectada, resaltó que la sentencia subraya la responsabilidad que tienen las entidades financieras en proteger los activos de sus clientes. El tribunal dictaminó que el banco no pudo demostrar que había tomado las medidas de seguridad adecuadas contra el fraude, revelando una falta de diligencia en la supervisión de las cuentas afectadas.
La resolución judicial evidencia la ineficacia de los sistemas de autenticación aplicados por el banco y su incapacidad para detectar transacciones de alto riesgo. Además, el fallo ordena que la entidad bancaria restablezca la cuenta de la víctima a su estado anterior al fraude y cubra los costos del proceso judicial.
Este dictamen crea un precedente significativo en el campo de la ciberseguridad y la protección del consumidor financiero. Destaca la necesidad imperativa de que las instituciones financieras implementen medidas adecuadas de control y tecnología para prevenir fraudes que afecten a sus clientes. El fallo judicial enfatiza que el progreso tecnológico debe venir acompañado de una protección exhaustiva, para evitar que el riesgo se transfiera a los consumidores.
