La Unión Europea ha manifestado su oposición a la controvertida política de Meta de ofrecer una modalidad de acceso a sus redes sociales sin publicidad y sin seguimiento de datos a cambio de una cuota. Esta medida, que la compañía introdujo para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA) europea, ha sido declarada preliminarmente ilegal por la Comisión Europea.
El comisario europeo Thierry Breton confirmó que las conclusiones preliminares de la Comisión Europea determinan que Meta ha incumplido la DMA con su política de «paga o consiente [el uso de tus datos]». Aunque esta es una conclusión preliminar, Meta aún puede presentar sus argumentos para intentar evitar las sanciones.
En 2023, Meta, que ya había sido identificada como una de las seis empresas consideradas como «gatekeepers» en cumplimiento con la GDPR, anunció una nueva modalidad de acceso sin publicidad a sus plataformas Facebook e Instagram. Esta opción de pago surgió como respuesta a las normativas europeas, pero rápidamente generó críticas tanto por parte de los reguladores como de los defensores de la privacidad, quienes argumentaron que convertir la privacidad en una opción de pago era inaceptable.
En marzo, comenzaron las sospechas sobre la legalidad de esta medida, y ahora en julio, la Comisión Europea ha reafirmado estas preocupaciones. La investigación, que se inició en marzo, tiene un plazo de un año, por lo que se espera un veredicto definitivo para marzo de 2025. Si se confirma el incumplimiento, Meta podría enfrentar sanciones económicas que podrían alcanzar hasta el 10% de su facturación global.
Además, será interesante observar si Meta decide realizar cambios preventivos en sus políticas en los próximos meses para anticiparse a un dictamen adverso. Esta situación subraya la importancia de las normativas europeas en la protección de la privacidad de los usuarios y el escrutinio al que se someten las grandes empresas tecnológicas.
La respuesta de Meta y su capacidad para adaptarse a las regulaciones europeas será crucial para evitar posibles sanciones y continuar operando dentro del marco legal establecido por la UE.
